Historia del Estado Benefactor hasta su Crisis

Desarrollo Después de la Guerra Civil de 1948 el grupo reformista que toma el poder “inicia un proceso de reajuste económico social y político que originó el Estado Benefactor” (Salazar, J.M. citado por Solís, L.G. 2004). Las reformas más significativas[1], a nivel de la estructura estatal, de esta etapa fueron la nacionalización bancaria y la creación de las Instituciones Autónomas, que promovieron la intervención estatal en ámbitos de la sociedad que antes estaban claramente definidas dentro del espectro de lo privado, como la producción de cemento o de abonos. Particularmente las instituciones autónomas buscaron descentralizar el poder dentro de Estado costarricense dotándolas de recursos y libertades de funcionamiento suficientes para que lograran llenar los vacíos sociales que el estado liberal había dejado, además que como señalan Molina y Palmer (1997) citando a Rodrigo Facio estas instituciones tenían la ventaja de ser independientes del ciclo político y manejadas por funcionarios técnicos especializados en la materia. El Instituto Costarricense de Electricidad (en el campo de la generación eléctrica, distribución eléctrica e incluso telefonía), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Instituto Nacional de Seguros, el Consejo Nacional de la Producción y CODESA (que incluía FERTICA, CEMPASA, ALUNASA y otras). Como se puede observar el espectro de acción del aparato estatal creció notablemente con la incorporación de todas estas empresas lo que, indudablemente, llevó a la génesis de su propia perdición: el desmedido crecimiento del aparato burocrático estatal. La gran cantidad de personas que eran empleadas dentro de Estado provocada un gasto estatal muy elevado, además de que los controles sobre los trabajadores eran escasos, las convenciones colectivas abusivas y la calidad de algunos productos era de poca competitividad para salir del mercado interno hacia la exportación. Para inicios de la década de los setenta ya era claro que la crisis se avecinaba en una buena parte de estas instituciones, principalmente ejemplarizada en el aumento de casi un 800% de la deuda pública (Molina, 1997, p. 99.), siendo la primera en sucumbir la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA) que fue desmantelada relativamente rápido pasando muchas de ellas a convertirse en pujantes empresas privadas[2]. Esta crisis no sólo es económica sino, tambien política: para los años setenta los gobiernos de Reagan y Tatcher ya se mostraban reacios con el modelo y, en lugar de reformarlo, se avocaron prácticamente a destruirlo (Hinkelammert, 2001). La crisis estalla durante el gobierno de Carazo (1978-1982), detonada por el alza en los precios del petróleo. La solución a la crisis se plantea a partir de las propuestas del Fondo Monetario Internacional que se basaban en la privatización de empresas estatales, la disminución del empleo público y la eliminación de los subsidios a los productos básicos. Como señalan Molina y Palmer (1997, p. 102) estas políticas eran suicidas dada situación política tan inestable en Centroamérica. La crisis económica se reflejó en las Instituciones Autónomas principalmente en su financiamiento: al decaer el aporte estatal tuvieron que disminuir la cantidad y el tamaño de sus subsidios. El efecto de estas políticas fue retrasado por la gran ayuda brindada por EEUU a Costa Rica con el afán de demostrar que éramos un país más estable y rentable que Nicaragua, del cual nos volvimos la antítesis en una lucha ideológica entre el socialismo y el capitalismo. El nuevo modelo de estado, llamado estado empresario, coincide con la fuerte disminución del aparato estatal debido a las privatizaciones, y con el auge del nuevo modelo económico mundial orientado hacia el neoliberalismo, la integración de bloques y la firma de acuerdos multi y bilaterales bajo el nombre de Tratados de Libre Comercio3.